Quilo

 © Pablo Retamal

El ingeniero Julio Albarrán jamás se imaginó encontrar tal oposición a su proyecto de energía renovable no convencional. Menos en la tranquila isla de Chiloé, donde la vida parece transitar sin conflictos. Pensó que todos allí recibirían de brazos abiertos sus molinos de viento. "...si fui militante del Greenpeace!" ha llegado a alegar.


De papá chilote, Julio es gerente general de Ecopower, empresa dedicada a la construcción "llave en mano" de proyectos de ERNC. Luego de una larga estadía en Europa, vino a su tierra natal a instalar un Parque Eólico. Puso sus ojos en Mar Brava, playa Chilota conocida por su ventolera inclemente. El proyecto consiste en 56 molinos en 1000 hectáreas, que pretenden generar 112 Megawatts con un costo de $235 millones. Siguiendo las exigencias legales existentes, habría presentado una Declaración de Impacto Ambiental solo 24 horas antes de la promulgación de la ley que le hubiese exigido un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Mera casualidad.

La disputa inicial, liderada por Gisela Saldivia coordinadora de los opositores al proyecto, quedó documentada en un capítulo del  excelente programa "Porque en mi Jardín" que la Fundación Ciudadano Inteligente realizó junto a TVN. El programa tiene momentos sublimes, como las conversaciones entre los Lonkos Huilliches y los ejecutivos de la empresa, y de estos con los pescadores en la sede del sindicato de locos, donde comparten un "un navegaíto y unas empanaítas gentileza de la misma empresa", luego de la bendición de la donación de Ecopower de una imagen de San Pedro. En el minuto 35 y 45 del video, uno ejecutivo de Ecopower sostiene en la sesión de la Comisión Evaluadora Ambiental que perfectamente podrían "llevar el parque a eólico a otro lado" considerando las opiniones "todas legítimas" de aquellos contrarios al parque. Pero que lamentablemente "el viento corre donde corre".


Por lo humedales de Playa Mar Brava a intervenir, transitan unas 3 mil aves migratorias censadas provenientes de Norteamérica por sus humedales que se suman a las existentes allí y existen al menos 18 sitios arqueológicos, también cementerios ancestrales.

Ni su condición de Área libre de Caza (SAG), sitio IBA (CODEFF - Birdlife International), área prioritaria para la Biodiversidad (CONAMA), ni la Declaración de Santuario de Ballenas, fueron suficientes para evitar la aprobación unánime del proyecto de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental liderada por el Intendente Regional. Con eso la disputa siguió en la Corte Suprema, cuyo fallo en marzo del 2012 sostiene que hubo un actuar arbitrario de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) al no realizar una consulta a la comunidad indígena, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que sostiene que la empresa deberá finalmente someter un EIA.